Wildlife

Proceso No. 15111-2014-0152 matanza de un jaguar, 2015 - Ecuador

Summary: Este caso se refiere a un acusado que disparó y mató a un jaguar, que era una especie en peligro de extinción, supuestamente en nombre de la defensa y la necesidad. El demandante alegó que el demandado no requería defensa o verdadera necesidad, que tenía que probar que no había matado al jaguar y que, en circunstancias de incertidumbre, el tribunal debía fallar a favor de la naturaleza (in dubio pro natura). El acusado no era cazador y no estaba cazando activamente al jaguar. La legislación medioambiental ecuatoriana establece que cualquier persona que "cace" una especie legalmente protegida será castigada con penas de prisión. El tribunal debatió conceptos del derecho constitucional ecuatoriano, los derechos de la naturaleza y la yuxtaposición de seres humanos que trabajan en el hábitat de animales salvajes y potencialmente depredadores. Tras un debate detallado, el tribunal aceptó el recurso y acordó por unanimidad castigar al acusado con seis meses de prisión.

Este caso se refiere a un acusado que disparó y mató a un jaguar, que era una especie en peligro de extinción, supuestamente en nombre de la defensa y la necesidad. El demandante alegó que el demandado no requería defensa o verdadera necesidad, que tenía que probar que no había matado al jaguar y que, en circunstancias de incertidumbre, el tribunal debía fallar a favor de la naturaleza (in dubio pro natura). El acusado no era cazador y no estaba cazando activamente al jaguar. La legislación medioambiental ecuatoriana establece que cualquier persona que "cace" una especie legalmente protegida será castigada con penas de prisión. El tribunal debatió conceptos del derecho constitucional ecuatoriano, los derechos de la naturaleza y la yuxtaposición de seres humanos que trabajan en el hábitat de animales salvajes y potencialmente depredadores. Tras un debate detallado, el tribunal aceptó el recurso y acordó por unanimidad castigar al acusado con seis meses de prisión.

Decision 09171-2015-0004, 2016 - Ecuador

Summary: Este caso se refiere a los acusados que pescaron y capturaron ilegalmente tiburones de categoría vulnerable en territorio ecuatoriano utilizando artes y métodos de pesca ilegales. El tribunal discutió la presencia e importancia de las reservas naturales, incluidas las reservas de vida marina, y los derechos inherentes a la naturaleza. El tribunal consideró que la pesca de los acusados tenía como objetivo la captura de tiburones con fines lucrativos y confirmó sus condenas penales en todos los aspectos descritos en el tribunal inferior.

Este caso se refiere a los acusados que pescaron y capturaron ilegalmente tiburones de categoría vulnerable en territorio ecuatoriano utilizando artes y métodos de pesca ilegales. El tribunal discutió la presencia e importancia de las reservas naturales, incluidas las reservas de vida marina, y los derechos inherentes a la naturaleza. El tribunal consideró que la pesca de los acusados tenía como objetivo la captura de tiburones con fines lucrativos y confirmó sus condenas penales en todos los aspectos descritos en el tribunal inferior.

Sentencia C-148/22 - Colombia

Summary: El abogado Gabriel Andrés Suárez Gómez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la pesca recreativa violaba el principio de precaución, el derecho a un medio ambiente sano y la prohibición de crueldad animal. Siguiendo el precedente creado con la sentencia C-045 de 2019, que prohíbe la caza deportiva, la Corte Constitucional de Colombia decidió el 2 de mayo del 2022 que las disposiciones relativas a la pesca recreativa contenidas en diversas leyes nacionales eran inconstitucionales, prohibiendo efectivamente esta práctica en todo el territorio. La corte determinó que pescar con fines recreativos, sin ningún otro propósito relevante como comercial o de sustento, constituye una forma de crueldad animal. Específicamente, la corte enfatizó que el mandato de protección animal se deriva del principio de la constitución ecológica, la función social de la propiedad y la dignidad humana. Además, se señaló que, en este contexto, tanto el legislativo como la corte han reconocido previamente a todos los animales como seres sintientes. La corte sostuvo que, aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias dañinas de la pesca recreativa en términos de principios de conservación y bienestar animal o la degradación de los recursos hidrobiológicos, existe información científica relevante que debe ser considerada para evitar efectos perjudiciales en los peces y el hábitat. Respecto a la sintiencia animal, tras un exhaustivo análisis, la corte enfatizó que hay razones convincentes para considerar que los peces pueden sentir dolor, y el mandato de protección animal requiere tratar a los seres sintientes con dignidad. De manera similar, según la FAO, actualmente no existe ningún método capaz de eliminar completamente el maltrato a los peces, y hay impactos ambientales que deben ser considerados seriamente junto con los beneficios económicos propuestos a favor de la pesca recreativa. Esta situación llevó a la Corte Constitucional a activar el principio de precaución. La corte determinó que hay un deber de proteger a los animales que implica proteger tanto el equilibrio ecosistémico como a los animales sintientes individuales con valor intrínseco. Esta protección se diferencia y pondera en función del tipo de especie involucrada, ya sea doméstica o silvestre. Además, el deber de protección animal lleva consigo un efecto vinculante indiscutible, que requiere evaluaciones de razonabilidad y proporcionalidad en su aplicación tanto por parte de legisladores como de jueces. Tras un extenso análisis de los efectos positivos y negativos que conllevaría la prohibición de esta actividad, la corte concluyó que la pesca recreativa constituye una forma de crueldad animal que viola el derecho a un medio ambiente sano, específicamente la prohibición contra la crueldad animal de acuerdo con leyes y jurisprudencia constitucional que carecían de respaldo constitucional al no estar fundamentadas en límites permisibles constitucionalmente para el maltrato animal, como (a) la libertad religiosa; (b) los hábitos alimenticios; (c) la investigación médica y experimentación; y (d) prácticas culturales arraigadas. Teniendo en cuenta los intereses de aquellos afiliados a la actividad, que se verían significativamente afectados por la invalidación de las leyes sujetas a esta opinión, y que han estado llevando a cabo actividades bajo leyes previamente consideradas constitucionales, la corte decidió posponer los efectos de la decisión por un año. Esto con el propósito de permitir que aquellos afectados adversamente por ella se adapten a las nuevas circunstancias.

El abogado Gabriel Andrés Suárez Gómez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la pesca recreativa violaba el principio de precaución, el derecho a un medio ambiente sano y la prohibición de crueldad animal. Siguiendo el precedente creado con la sentencia C-045 de 2019, que prohíbe la caza deportiva, la Corte Constitucional de Colombia decidió el 2 de mayo del 2022 que las disposiciones relativas a la pesca recreativa contenidas en diversas leyes nacionales eran inconstitucionales, prohibiendo efectivamente esta práctica en todo el territorio. La corte determinó que pescar con fines recreativos, sin ningún otro propósito relevante como comercial o de sustento, constituye una forma de crueldad animal. Específicamente, la corte enfatizó que el mandato de protección animal se deriva del principio de la constitución ecológica, la función social de la propiedad y la dignidad humana. Además, se señaló que, en este contexto, tanto el legislativo como la corte han reconocido previamente a todos los animales como seres sintientes. La corte sostuvo que, aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias dañinas de la pesca recreativa en términos de principios de conservación y bienestar animal o la degradación de los recursos hidrobiológicos, existe información científica relevante que debe ser considerada para evitar efectos perjudiciales en los peces y el hábitat. Respecto a la sintiencia animal, tras un exhaustivo análisis, la corte enfatizó que hay razones convincentes para considerar que los peces pueden sentir dolor, y el mandato de protección animal requiere tratar a los seres sintientes con dignidad. De manera similar, según la FAO, actualmente no existe ningún método capaz de eliminar completamente el maltrato a los peces, y hay impactos ambientales que deben ser considerados seriamente junto con los beneficios económicos propuestos a favor de la pesca recreativa. Esta situación llevó a la Corte Constitucional a activar el principio de precaución. La corte determinó que hay un deber de proteger a los animales que implica proteger tanto el equilibrio ecosistémico como a los animales sintientes individuales con valor intrínseco. Esta protección se diferencia y pondera en función del tipo de especie involucrada, ya sea doméstica o silvestre. Además, el deber de protección animal lleva consigo un efecto vinculante indiscutible, que requiere evaluaciones de razonabilidad y proporcionalidad en su aplicación tanto por parte de legisladores como de jueces. Tras un extenso análisis de los efectos positivos y negativos que conllevaría la prohibición de esta actividad, la corte concluyó que la pesca recreativa constituye una forma de crueldad animal que viola el derecho a un medio ambiente sano, específicamente la prohibición contra la crueldad animal de acuerdo con leyes y jurisprudencia constitucional que carecían de respaldo constitucional al no estar fundamentadas en límites permisibles constitucionalmente para el maltrato animal, como (a) la libertad religiosa; (b) los hábitos alimenticios; (c) la investigación médica y experimentación; y (d) prácticas culturales arraigadas. Teniendo en cuenta los intereses de aquellos afiliados a la actividad, que se verían significativamente afectados por la invalidación de las leyes sujetas a esta opinión, y que han estado llevando a cabo actividades bajo leyes previamente consideradas constitucionales, la corte decidió posponer los efectos de la decisión por un año. Esto con el propósito de permitir que aquellos afectados adversamente por ella se adapten a las nuevas circunstancias.

Sentencia C-148/22 - Colombia

Summary: Attorney Gabriel Andrés Suárez Gómez filed an unconstitutionality complaint with the Constitutional Court, arguing that recreational fishing violated the precautionary principle, the right to a healthy environment, and the prohibition of animal cruelty. Following the precedent created with C-045, 2019, prohibiting sport or trophy hunting, the Colombian Constitutional Court held on May 2, 2022, that the provisions concerning recreational fishing contained in various national laws were unconstitutional, effectively banning this practice in the entire territory. The court found that fishing for the sole purpose of recreation without any other relevant purposes like commercial or sustenance constitutes a form of animal abuse. Specifically, the court emphasized that the mandate of animal protection stems from the principle of the ecological constitution, the social function of property, and human dignity. Moreover, it was pointed out that, in this context, both the Legislature and the Court have previously recognized all animals as sentient beings. The court held that while it is not possible to define with absolute certainty the harmful consequences of recreational fishing in terms of conservation and animal welfare principles or the degradation of hydrobiological resources, there is relevant scientific information that must be considered to avoid harmful effects on fish and the habitat. Regarding animal sentience, after an exhaustive analysis, the court emphasized that there are compelling reasons to consider that fish can feel pain, and the mandate of animal protection requires treating sentient beings with dignity. Similarly, according to the FAO, there is currently no method capable of fully eliminating the mistreatment of fish, and there are environmental impacts that must be seriously considered alongside the economic benefits proposed in favor of recreational fishing. This situation led the Constitutional Court to activate the precautionary principle. The court held that there is a duty to protect animals, which implied a prohibition of animal cruelty. This duty protects both the ecosystemic balance and individual sentient animals with intrinsic value. This protection is differentiated and weighted based on the type of species involved, whether domestic or wild. Moreover, the duty of animal protection carries an indisputable binding effect, requiring assessments of reasonableness and proportionality in its application by both legislators and judges. After an extensive analysis of the positive and negative effects that the prohibition of this activity would carry out, the court concluded that recreational fishing constitutes a form of animal cruelty that violates the right to a healthy environment, specifically the prohibition against animal cruelty in accordance with laws and constitutional jurisprudence that lacked constitutional support as it is not grounded in constitutionally permissible limits for animal mistreatment, such as (a) religious freedom; (b) dietary habits; (c) medical research and experimentation; and (d) deeply rooted cultural practices. Considering the interests of those affiliated with the activity, who would be significantly impacted by the invalidation of the laws subject to this opinion, and who have been conducting activities under laws previously deemed constitutional, the court decided to defer the effects of the decision for one year. This was with the purpose of allowing those adversely affected by it to adapt to the new circumstances.

Attorney Gabriel Andrés Suárez Gómez filed an unconstitutionality complaint with the Constitutional Court, arguing that recreational fishing violated the precautionary principle, the right to a healthy environment, and the prohibition of animal cruelty. Following the precedent created with C-045, 2019, prohibiting sport or trophy hunting, the Colombian Constitutional Court held on May 2, 2022, that the provisions concerning recreational fishing contained in various national laws were unconstitutional, effectively banning this practice in the entire territory. The court found that fishing for the sole purpose of recreation without any other relevant purposes like commercial or sustenance constitutes a form of animal abuse. Specifically, the court emphasized that the mandate of animal protection stems from the principle of the ecological constitution, the social function of property, and human dignity. Moreover, it was pointed out that, in this context, both the Legislature and the Court have previously recognized all animals as sentient beings. The court held that while it is not possible to define with absolute certainty the harmful consequences of recreational fishing in terms of conservation and animal welfare principles or the degradation of hydrobiological resources, there is relevant scientific information that must be considered to avoid harmful effects on fish and the habitat. Regarding animal sentience, after an exhaustive analysis, the court emphasized that there are compelling reasons to consider that fish can feel pain, and the mandate of animal protection requires treating sentient beings with dignity. Similarly, according to the FAO, there is currently no method capable of fully eliminating the mistreatment of fish, and there are environmental impacts that must be seriously considered alongside the economic benefits proposed in favor of recreational fishing. This situation led the Constitutional Court to activate the precautionary principle. The court held that there is a duty to protect animals, which implied a prohibition of animal cruelty. This duty protects both the ecosystemic balance and individual sentient animals with intrinsic value. This protection is differentiated and weighted based on the type of species involved, whether domestic or wild. Moreover, the duty of animal protection carries an indisputable binding effect, requiring assessments of reasonableness and proportionality in its application by both legislators and judges. After an extensive analysis of the positive and negative effects that the prohibition of this activity would carry out, the court concluded that recreational fishing constitutes a form of animal cruelty that violates the right to a healthy environment, specifically the prohibition against animal cruelty in accordance with laws and constitutional jurisprudence that lacked constitutional support as it is not grounded in constitutionally permissible limits for animal mistreatment, such as (a) religious freedom; (b) dietary habits; (c) medical research and experimentation; and (d) deeply rooted cultural practices. Considering the interests of those affiliated with the activity, who would be significantly impacted by the invalidation of the laws subject to this opinion, and who have been conducting activities under laws previously deemed constitutional, the court decided to defer the effects of the decision for one year. This was with the purpose of allowing those adversely affected by it to adapt to the new circumstances.

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad De México

Summary: This law aims to achieve several objectives, including the preservation and restoration of ecological balance, the prevention of environmental harm, and the promotion of sustainable development. This sustainable development approach is intended to foster economic advantages and support various social activities. Article 2.V establishes that one of the cases in which this law would be applied In the conservation, protection, and preservation of flora and fauna under the jurisdiction of the Federal District. In addition, Article 4.IV deems the prevention and control of environmental pollution in the air, water, and soil, along with the protection, restoration, and responsible utilization of vital natural elements and habitats essential for preserving and promoting biodiversity, as matters of public utility.

This law aims to achieve several objectives, including the preservation and restoration of ecological balance, the prevention of environmental harm, and the promotion of sustainable development. This sustainable development approach is intended to foster economic advantages and support various social activities. Article 2.V establishes that one of the cases in which this law would be applied In the conservation, protection, and preservation of flora and fauna under the jurisdiction of the Federal District. In addition, Article 4.IV deems the prevention and control of environmental pollution in the air, water, and soil, along with the protection, restoration, and responsible utilization of vital natural elements and habitats essential for preserving and promoting biodiversity, as matters of public utility.

Sentencia C-148, 2022

Summary: In this opportunity, the Colombian Constitutional Court deemed national recreational fishing regulations unconstitutional three years after banning recreational hunting. Specifically, the Court determined that provisions pertaining to this matter, contained in the Code of Natural Renewable Resources, the General Statute of Animal Protection, and the Fishing Statute, violated the government's constitutional obligation to protect the environment, the right to environmental education, and the prohibition of animal cruelty. The Court recognized constitutional limitations on the prohibition of animal cruelty that were based on religious freedom, eating habits, medical research and experimentation, and deeply rooted cultural manifestations. Consequently, the Court held that fishing for recreational purposes was a cruel practice that did not fall within any of these exceptions.

In this opportunity, the Colombian Constitutional Court deemed national recreational fishing regulations unconstitutional three years after banning recreational hunting. Specifically, the Court determined that provisions pertaining to this matter, contained in the Code of Natural Renewable Resources, the General Statute of Animal Protection, and the Fishing Statute, violated the government's constitutional obligation to protect the environment, the right to environmental education, and the prohibition of animal cruelty. The Court recognized constitutional limitations on the prohibition of animal cruelty that were based on religious freedom, eating habits, medical research and experimentation, and deeply rooted cultural manifestations. Consequently, the Court held that fishing for recreational purposes was a cruel practice that did not fall within any of these exceptions.

Federal Beekeeping Law

Summary: This federal law holds applicability across the entire territory of Mexico. It serves as a comprehensive framework for treating and protecting bees, encompassing all activities related to this vital species, explicitly designating apiculture (or beekeeping) as a prioritized activity of public interest.

This federal law holds applicability across the entire territory of Mexico. It serves as a comprehensive framework for treating and protecting bees, encompassing all activities related to this vital species, explicitly designating apiculture (or beekeeping) as a prioritized activity of public interest.

Mexico - Wildlife - La Ley General de Vida Silvestre

Summary: The purpose of this law is to preserve wildlife through its protection and sustainable use. Article 4 establishes the duty to protect wildlife and prohibits any act that causes its destruction, damage, or disturbance to the detriment of the interests of the Nation. This article also states that owners or legitimate holders of land where wildlife lives have rights of sustainable use over the species, parts, and their derivatives. Under this law, wildlife is defined as "organisms that subsist and are subject to processes of natural evolution and that develop freely in their habitat, including their minor populations and individuals that are under the control of humans and wild populations as well." The Federal Attorney's Office for Environmental Protection (PROFEPA) is the administrative authority overseeing environmental law compliance. Art 107 establishes that any person can file a report with them for any damages caused to wildlife or its habitat.

The purpose of this law is to preserve wildlife through its protection and sustainable use. Article 4 establishes the duty to protect wildlife and prohibits any act that causes its destruction, damage, or disturbance to the detriment of the interests of the Nation. This article also states that owners or legitimate holders of land where wildlife lives have rights of sustainable use over the species, parts, and their derivatives. Under this law, wildlife is defined as "organisms that subsist and are subject to processes of natural evolution and that develop freely in their habitat, including their minor populations and individuals that are under the control of humans and wild populations as well." The Federal Attorney's Office for Environmental Protection (PROFEPA) is the administrative authority overseeing environmental law compliance. Art 107 establishes that any person can file a report with them for any damages caused to wildlife or its habitat.

Accion Penal 20331-2017- 00179, The case of the Fu Yuan Yu Leng 999

Summary: In this case, the environmental authorities of the Galápagos National Park (the Galápagos Islands is an archipelago known for its unique species and marine ecosystems) tracked through the satellite monitoring system the Chinese reefer vessel—Fu Yuan Yu Leng 999—in national waters while it was cruising through the Galápagos marine reserve without the required permit. The park issued an alert to the National Guard, which approached the vessel by water and air. Upon searching the vessel, the authorities found approximately 532 tons of fish that included 7.639 sharks (7207 juveniles or adults, 432 unborn). All shark specimens found on board lacked fins, and nine of the 12 species were protected endangered species. In this case, the National Court of Justice set an exemplary precedent by affirming the lower court decision and ordering the confiscation of the vessel and imposing a 5.9 million dollar fine to be used for the restoration of the damage caused to the Galápagos ecosystem. In addition, the crew members were sentenced to 1–3 years in jail.

In this case, the environmental authorities of the Galápagos National Park (the Galápagos Islands is an archipelago known for its unique species and marine ecosystems) tracked through the satellite monitoring system the Chinese reefer vessel—Fu Yuan Yu Leng 999—in national waters while it was cruising through the Galápagos marine reserve without the required permit. The park issued an alert to the National Guard, which approached the vessel by water and air. Upon searching the vessel, the authorities found approximately 532 tons of fish that included 7.639 sharks (7207 juveniles or adults, 432 unborn). All shark specimens found on board lacked fins, and nine of the 12 species were protected endangered species. In this case, the National Court of Justice set an exemplary precedent by affirming the lower court decision and ordering the confiscation of the vessel and imposing a 5.9 million dollar fine to be used for the restoration of the damage caused to the Galápagos ecosystem. In addition, the crew members were sentenced to 1–3 years in jail.

789-22-JH, Habeas Corpus - Cuqui Brown, the sloth

Summary: This is the case of Cuqui Brown, a sloth kept as a pet by a family in Ecuador. Cuqui Brown was seized by the authorities and transferred to a zoo. Plaintiff filed a Habeas Corpus against the Ministry of the Environment, alleging that Cuqui Brown was a family member, and requested that the court order the authorities to return Cuqui Brown to the plaintiff. In addition, plaintiff alleged that her rights and the rights of Cuqui were violated based on Estrellita's case that granted animals the status of subjects of rights. The court denied the Habeas Corpus, stating that the decision in Estrellita's case does not enable individuals to keep a wild animal or to request that a wild animal be returned to their possession. Instead, the Estrellita case recognizes the rights of wild animals based on aspects like their life, integrity, and their relationship with nature, not on the well-being or attachment of the person who removes them from their habitat to keep them as pets.

This is the case of Cuqui Brown, a sloth kept as a pet by a family in Ecuador. Cuqui Brown was seized by the authorities and transferred to a zoo. Plaintiff filed a Habeas Corpus against the Ministry of the Environment, alleging that Cuqui Brown was a family member, and requested that the court order the authorities to return Cuqui Brown to the plaintiff. In addition, plaintiff alleged that her rights and the rights of Cuqui were violated based on Estrellita's case that granted animals the status of subjects of rights. The court denied the Habeas Corpus, stating that the decision in Estrellita's case does not enable individuals to keep a wild animal or to request that a wild animal be returned to their possession. Instead, the Estrellita case recognizes the rights of wild animals based on aspects like their life, integrity, and their relationship with nature, not on the well-being or attachment of the person who removes them from their habitat to keep them as pets.