Animal Rights

Causa No. 09209202301263 - Ecuador

Summary: Plaintiffs filed a Habeas Corpus claiming the violation of the rights to freedom, life, integrity, the free development of animal behavior, and the right to health of all animals housed at Narayana Aventura Park. Plaintiffs argued that the animals were in a malnourished and in inadequate captivity conditions. The Narayana Aventura Park sells itself as a rescue center and keeps various exotic, endemic, and domestic animals. They denied any violations to the rights of the animals, stating that the animals were provided the minimum welfare conditions required by the law. In addition, they contended that the park was acting in accordance to the law and had all the permits required by the authorities to keep the animals. After thorough examination of the case and careful consideration of applicable laws and jurisprudence, the judge granted the habeas corpus. This ruling acknowledges the significant impact on the rights of exotic, endemic, and even the farm animals under the park's care. Grounded in Article 89 of the Constitution of Ecuador, as well as jurisprudence from the Inter-American Court of Human Rights and Judgment No. 253-20-JH/22, the judge arrived at this conclusion. However, attending to the recommendations issued by the experts, the court decided to let the animals stay at the park, instructing the enhancement of the enclosure and diets of all animals within a three-month period after the judgment. This decision was appealed by the defendant, and it is currently under review.

Plaintiffs filed a Habeas Corpus claiming the violation of the rights to freedom, life, integrity, the free development of animal behavior, and the right to health of all animals housed at Narayana Aventura Park. Plaintiffs argued that the animals were in a malnourished and in inadequate captivity conditions. The Narayana Aventura Park sells itself as a rescue center and keeps various exotic, endemic, and domestic animals. They denied any violations to the rights of the animals, stating that the animals were provided the minimum welfare conditions required by the law. In addition, they contended that the park was acting in accordance to the law and had all the permits required by the authorities to keep the animals. After thorough examination of the case and careful consideration of applicable laws and jurisprudence, the judge granted the habeas corpus. This ruling acknowledges the significant impact on the rights of exotic, endemic, and even the farm animals under the park's care. Grounded in Article 89 of the Constitution of Ecuador, as well as jurisprudence from the Inter-American Court of Human Rights and Judgment No. 253-20-JH/22, the judge arrived at this conclusion. However, attending to the recommendations issued by the experts, the court decided to let the animals stay at the park, instructing the enhancement of the enclosure and diets of all animals within a three-month period after the judgment. This decision was appealed by the defendant, and it is currently under review.

Sentencia 09333-2022-00667T - Ecuador

Summary: Este es el caso de cuatro gatos llamados Luna, Manchas, Sonic y Tiger y dos perros, Pantera y Noah que estaban dentro de las propiedades confiscadas por las autoridades en un caso de tráfico de drogas. El abogado Kevin Prendes Vivar presentó un recurso de habeas corpus en representación de los cuidadores de los animales, alegando que los animales estaban siendo retenidos ilegalmente por el "Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público" o "Inmobiliar", la agencia gubernamental que confiscó las propiedades. El demandante argumentó que los animales, como sujetos de derechos según la decisión de la Corte Constitucional 253-20-JH/22, estaban en un estado de soledad que los ponía en riesgo de problemas de salud y bienestar, ya que estos animales tenían un apego emocional a sus cuidadores. Los animales son seres sensibles diferentes de otros objetos, y su detrimento se refleja en su salud física y emocional, causando condiciones como depresión y ansiedad, condiciones que podrían poner fin potencialmente a su vida. Los animales estaban siendo retenidos por 'Inmobiliar', y los demandantes no habían recibido ninguna información sobre la condición de los animales. Además, los demandantes estaban preocupados por la condicion de los animales ya que no tenian conocimiento acerca de su alimentacion. Especialmente porque 'Inmobiliar' no tenía presupuesto para alimentar a los animales sujetos a confiscaciones. Según loa demandante, los animales eran miembros de su familia, y sus hijos sufrían sin ellos. El tribunal provincial de Guyanas concedió el habeas corpus, sosteniendo que los animales son sujetos de derechos, encontrando que 'Inmobiliar' había violado los derechos de los animales al considerarlos propiedad personal embargable. Por lo tanto, el tribunal determinó que su confiscación era ilegal, arbitraria e ilegítima. Para proteger sus derechos a la vida, la libertad y la integridad, ordenó a 'Inmobiliar' devolver los animales a sus cuidadores. En su análisis, el tribunal afirmó que, según el caso de Estrellita, los animales no deberían ser protegidos únicamente desde una perspectiva del ecosistema o desde la perspectiva de las necesidades humanas, sino más bien desde su individualidad y su valor intrínseco. El tribunal también instruyó a la entidad gubernamental a no considerar más a las "mascotas" como semovientes en futuros procedimientos judiciales, y a distribuir, a través del correo electrónico institucional, a todos sus funcionarios la decisión de la corte constitucional 253-20-JH/22, ordenándoles leerla y analizarla. Esta decisión fue apelada por 'Inmobiliar' y la sala especializada en lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Guyanas anuló la decisión que otorgaba el habeas corpus a favor de los animales, afirmando que este mecanismo legal no era apropiado en el caso de animales domésticos. En su fallo, el tribunal ordenó la devolución de los animales a "Inmobiliar". Esta decisión ha sido enviada a la Corte Constitucional para su revisión. Si la corte la selecciona, decidirá si un recurso de habeas corpus es apropiado en casos relacionados específicamente con animales de compañía.

Este es el caso de cuatro gatos llamados Luna, Manchas, Sonic y Tiger y dos perros, Pantera y Noah que estaban dentro de las propiedades confiscadas por las autoridades en un caso de tráfico de drogas. El abogado Kevin Prendes Vivar presentó un recurso de habeas corpus en representación de los cuidadores de los animales, alegando que los animales estaban siendo retenidos ilegalmente por el "Secretario Técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público" o "Inmobiliar", la agencia gubernamental que confiscó las propiedades. El demandante argumentó que los animales, como sujetos de derechos según la decisión de la Corte Constitucional 253-20-JH/22, estaban en un estado de soledad que los ponía en riesgo de problemas de salud y bienestar, ya que estos animales tenían un apego emocional a sus cuidadores. Los animales son seres sensibles diferentes de otros objetos, y su detrimento se refleja en su salud física y emocional, causando condiciones como depresión y ansiedad, condiciones que podrían poner fin potencialmente a su vida. Los animales estaban siendo retenidos por 'Inmobiliar', y los demandantes no habían recibido ninguna información sobre la condición de los animales. Además, los demandantes estaban preocupados por la condicion de los animales ya que no tenian conocimiento acerca de su alimentacion. Especialmente porque 'Inmobiliar' no tenía presupuesto para alimentar a los animales sujetos a confiscaciones. Según loa demandante, los animales eran miembros de su familia, y sus hijos sufrían sin ellos. El tribunal provincial de Guyanas concedió el habeas corpus, sosteniendo que los animales son sujetos de derechos, encontrando que 'Inmobiliar' había violado los derechos de los animales al considerarlos propiedad personal embargable. Por lo tanto, el tribunal determinó que su confiscación era ilegal, arbitraria e ilegítima. Para proteger sus derechos a la vida, la libertad y la integridad, ordenó a 'Inmobiliar' devolver los animales a sus cuidadores. En su análisis, el tribunal afirmó que, según el caso de Estrellita, los animales no deberían ser protegidos únicamente desde una perspectiva del ecosistema o desde la perspectiva de las necesidades humanas, sino más bien desde su individualidad y su valor intrínseco. El tribunal también instruyó a la entidad gubernamental a no considerar más a las "mascotas" como semovientes en futuros procedimientos judiciales, y a distribuir, a través del correo electrónico institucional, a todos sus funcionarios la decisión de la corte constitucional 253-20-JH/22, ordenándoles leerla y analizarla. Esta decisión fue apelada por 'Inmobiliar' y la sala especializada en lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Guyanas anuló la decisión que otorgaba el habeas corpus a favor de los animales, afirmando que este mecanismo legal no era apropiado en el caso de animales domésticos. En su fallo, el tribunal ordenó la devolución de los animales a "Inmobiliar". Esta decisión ha sido enviada a la Corte Constitucional para su revisión. Si la corte la selecciona, decidirá si un recurso de habeas corpus es apropiado en casos relacionados específicamente con animales de compañía.

Sentencia 09333-2022-00667T - Ecuador

Summary: This is the case of four cats (Luna, Manchas, Sonic, and Tiger) and two dogs (Pantera and Noah) that were inside the properties seized by the authorities in a drug trafficking case. Attorney Kevin Prendes Vivar filed a habeas corpus petition for the animals' caretaker, stating that the animals were illegally kept by the "Technical Secretary of Real Estate Management of the Public Sector" or "Inmobiliar," the government agency that seized the properties. The claimant argued that in accordance with the Constitutional Court decision 253-20-JH/22 (Estrellita case), the companion animals in the case are subjects of rights, that were left unattended, exposing them to potential health and well-being concerns, given their emotional attachment to their caretakers. The provincial court of Guyanas granted the habeas corpus, holding that animals are subjects of rights, finding that Inmobiliar had violated the animals' rights by considering them seizable personal property.

This is the case of four cats (Luna, Manchas, Sonic, and Tiger) and two dogs (Pantera and Noah) that were inside the properties seized by the authorities in a drug trafficking case. Attorney Kevin Prendes Vivar filed a habeas corpus petition for the animals' caretaker, stating that the animals were illegally kept by the "Technical Secretary of Real Estate Management of the Public Sector" or "Inmobiliar," the government agency that seized the properties. The claimant argued that in accordance with the Constitutional Court decision 253-20-JH/22 (Estrellita case), the companion animals in the case are subjects of rights, that were left unattended, exposing them to potential health and well-being concerns, given their emotional attachment to their caretakers. The provincial court of Guyanas granted the habeas corpus, holding that animals are subjects of rights, finding that Inmobiliar had violated the animals' rights by considering them seizable personal property.

R. L. N. y otros s/ 239 resistencia o desobediencia a la autoridad

Summary: Coco, formerly known as Simon, is an approximately 6-year-old howler monkey found in a closet without food, water, or ventilation during a police raid following a neighbor complaint due to excessive noise. Coco was underweight, stunted, and deformed. The veterinary report revealed that Coco had broken bones due to malnourishment, had missing teeth, and other irreversible ailments due to the inappropriate conditions he lived in. The prosecutor requested the fulfillment of Coco’s rights, the granting of his freedom, and his relocation to “Proyecto Carayá.” The judge in this case held that Coco was to be granted total and absolute freedom in his status as a non-human animal. Furthermore, the judges stated that animals have legal protection based on their legally recognized status of victims. Since they can’t seek legal protection, humans have the duty to guarantee the protection of their rights. The judge also recognized Coco’s status of the subject of rights and ordered his relocation to the Proyecto Carayá for treatment and rehabilitation. Due to the extent of his injuries, experts recommended that Coco be kept by himself, since he could not defend himself and would be outcompeted for food if he shared space with other monkeys.

Coco, formerly known as Simon, is an approximately 6-year-old howler monkey found in a closet without food, water, or ventilation during a police raid following a neighbor complaint due to excessive noise. Coco was underweight, stunted, and deformed. The veterinary report revealed that Coco had broken bones due to malnourishment, had missing teeth, and other irreversible ailments due to the inappropriate conditions he lived in. The prosecutor requested the fulfillment of Coco’s rights, the granting of his freedom, and his relocation to “Proyecto Carayá.” The judge in this case held that Coco was to be granted total and absolute freedom in his status as a non-human animal. Furthermore, the judges stated that animals have legal protection based on their legally recognized status of victims. Since they can’t seek legal protection, humans have the duty to guarantee the protection of their rights. The judge also recognized Coco’s status of the subject of rights and ordered his relocation to the Proyecto Carayá for treatment and rehabilitation. Due to the extent of his injuries, experts recommended that Coco be kept by himself, since he could not defend himself and would be outcompeted for food if he shared space with other monkeys.

Expte. N° HC-656/21 - Habeas Corpus en favor del Tortugo Jorge

Summary: Jorge is an 80-year-old turtle living in the Municipal Aquarium of Medoza, Argentina. In 2021, three animal lawyers filed a habeas corpus on behalf of Jorge, arguing a violation of the turtle’s right to his locomotive freedom and a violation of Mendoza’s law 7.887, 2018, which prohibits the exhibit of animals in circuses or other events. The lawyers stated that Jorge had to be relocated to a more natural environment where he could live the last years of his life, raising concerns for his age and health. After learning that the government is turning the aquarium into a biodiversity center and after consulting with several experts, the tribunal denied the Habeas Corpus as it found the controversy was moot. It also rejected the idea of releasing Jorge into the wild. However, it is important to mention that the tribunal did not oppose his relocation into a sanctuary so long as his physical integrity was protected.

Jorge is an 80-year-old turtle living in the Municipal Aquarium of Medoza, Argentina. In 2021, three animal lawyers filed a habeas corpus on behalf of Jorge, arguing a violation of the turtle’s right to his locomotive freedom and a violation of Mendoza’s law 7.887, 2018, which prohibits the exhibit of animals in circuses or other events. The lawyers stated that Jorge had to be relocated to a more natural environment where he could live the last years of his life, raising concerns for his age and health. After learning that the government is turning the aquarium into a biodiversity center and after consulting with several experts, the tribunal denied the Habeas Corpus as it found the controversy was moot. It also rejected the idea of releasing Jorge into the wild. However, it is important to mention that the tribunal did not oppose his relocation into a sanctuary so long as his physical integrity was protected.

Interlocutory Appeal No. 0059204-56.2020.8.16.0000 - Paraná, Brazil

Summary: In this case, the Justice Tribunal in Paraná, Brazil, unanimously overturned the lower court decision and ruled that two dogs, Rambo and Spike (appellants), had the legal capacity to be legal persons and, therefore, had standing to sue their owners, Pedro Rafael de Barros Escher and Elizabeth Merida Devai (Appellees) in a damages claim. Upon thorough examination of the validity of Decree-Law 24,645/1934, granting the Public Prosecutor's Office and animal protection entities the authority to act as legal representatives for animals, the court determined that the decree is an ordinary law (higher hierarchy than other laws), and was still in full force. As a result, animals in Brazil are explicitly endowed with the legal capacity to participate as parties in judicial proceedings by law. The judge referenced the 2005 case Suíça v. Gavazza, a groundbreaking decision where the chimpanzee, the subject of a Habeas Corpus, had passed away before the final judgment. The judge concluded that there is a discernible judicial trend towards accepting animals as legal persons with the ability to be a party in legal proceedings. Furthermore, the court stated that the Brazilian Constitution of 1988 established the principle of unobstructed access to justice, which means that every holder of substantive rights can be a party in a judicial proceeding; without this ability, such principle is ineffective and pointless. The appeal was granted, and the court ordered that Rambo and Spike maintain their role as the focal points of the lawsuit, acting as plaintiffs represented by the NGO.

In this case, the Justice Tribunal in Paraná, Brazil, unanimously overturned the lower court decision and ruled that two dogs, Rambo and Spike (appellants), had the legal capacity to be legal persons and, therefore, had standing to sue their owners, Pedro Rafael de Barros Escher and Elizabeth Merida Devai (Appellees) in a damages claim. Upon thorough examination of the validity of Decree-Law 24,645/1934, granting the Public Prosecutor's Office and animal protection entities the authority to act as legal representatives for animals, the court determined that the decree is an ordinary law (higher hierarchy than other laws), and was still in full force. As a result, animals in Brazil are explicitly endowed with the legal capacity to participate as parties in judicial proceedings by law. The judge referenced the 2005 case Suíça v. Gavazza, a groundbreaking decision where the chimpanzee, the subject of a Habeas Corpus, had passed away before the final judgment. The judge concluded that there is a discernible judicial trend towards accepting animals as legal persons with the ability to be a party in legal proceedings. Furthermore, the court stated that the Brazilian Constitution of 1988 established the principle of unobstructed access to justice, which means that every holder of substantive rights can be a party in a judicial proceeding; without this ability, such principle is ineffective and pointless. The appeal was granted, and the court ordered that Rambo and Spike maintain their role as the focal points of the lawsuit, acting as plaintiffs represented by the NGO.

Amparo Directo D.A.- 454/2021 - Mexico

Summary: The administrative tribunal in Mexico City recognizes companion animals as family members, protected under Article 4 of their Constitution. Citing the Supreme Court of Justice, the tribunal stated that there are different types of families that are protected constitutionally, which includes some families that consider domestic animals their members. This is the decision to an Amparo against a resolution issued by the Institute of Administrative Verification (Instituto de Verificación Administrativa) holding that the owner of a pet boarding facility providing grooming and training services lacked the land use permits to have the commercial establishment. The owner of the pet boarding argued that she would only use 20% of her home for these purposes. After citing comparative law from countries such as Spain, Colombia, and Brazil, the court stated that “currently pets are considered sentient beings that are also part of the family nucleus and require attention and care. Therefore, the service provided by the Amparo promoter has become necessary for people or families also made up of domestic animals, who are looking for a place [to] care for their pets when they are away from their home for a long time” and, as such, these types of families ought to be considered by the authorities. The court stated that domestic animals “play a role of protection, support, company, affection, and care towards humans. Even the reciprocal attachment relationship between people and domestic animals is clear in multispecies families because they are treated as part of the family. They are, in a few words, members of it. Hence the name multispecies or interspecies family.”

The administrative tribunal in Mexico City recognizes companion animals as family members, protected under Article 4 of their Constitution. Citing the Supreme Court of Justice, the tribunal stated that there are different types of families that are protected constitutionally, which includes some families that consider domestic animals their members. This is the decision to an Amparo against a resolution issued by the Institute of Administrative Verification (Instituto de Verificación Administrativa) holding that the owner of a pet boarding facility providing grooming and training services lacked the land use permits to have the commercial establishment. The owner of the pet boarding argued that she would only use 20% of her home for these purposes. After citing comparative law from countries such as Spain, Colombia, and Brazil, the court stated that “currently pets are considered sentient beings that are also part of the family nucleus and require attention and care. Therefore, the service provided by the Amparo promoter has become necessary for people or families also made up of domestic animals, who are looking for a place [to] care for their pets when they are away from their home for a long time” and, as such, these types of families ought to be considered by the authorities. The court stated that domestic animals “play a role of protection, support, company, affection, and care towards humans. Even the reciprocal attachment relationship between people and domestic animals is clear in multispecies families because they are treated as part of the family. They are, in a few words, members of it. Hence the name multispecies or interspecies family.”

Solicitud de Atracción 249/2023. Caso Elefante Ely. Ciudad de Mexico

Summary: This is a writ of Amparo on behalf of Ely, a 38-year-old female African elephant that lived in a circus before being relocated to the San Juan de Arago Zoo in 2012. In this instance, a concerned citizen and activist affiliated with the Association "Opening Cages, Opening Minds" ("Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes") filed an Amparo petitioning the authorities in Mexico City to take necessary actions for the relocation of Ely from the zoo to a sanctuary in Brazil. The petitioner asserted that Ely had endured abuse from a young age during her 25-year tenure in a circus, and was currently experiencing deprivation of freedom at the zoo. Ely is solitary and grappling with skin and nail injuries, infections, and ailments such as dermatitis and hyperkeratosis. The petitioner further argued that Ely was suffering from issues in one of her limbs due to an old fracture and jaw problems stemming from the use of a handling hook during her circus days, among other concerns. Moreover, the elephant's confinement in a cement enclosure has compounded adverse effects on her physical and psychological well-being. Observations indicate distressing behavior including self-harm, such as eating her own feces, and striking herself with her trunk and against the fence. Ely also exhibited repetitive behavior attributed to inadequate mental, physical, social, and environmental stimulation. The treatment she has received is deemed a violation of ethical standards for animal respect and protection. The judge determined that Ely received appropriate and ample care at the zoo, where her enclosure adhered to the needs of her species. It was noted that she was receiving the necessary attention to address the chronic ailments stemming from her time in the circus. Consequently, the San Juan de Aragón Zoo fulfilled its obligation to protect and care for the elephant, addressing her physiological, behavioral, and health requirements and ensuring her overall well-being. Following the verdict, the zoo enlarged Ely's enclosure and introduced Gypsy, another elephant of similar size and age, to provide companionship for Ely. After pursuing various legal avenues without success, the complainant sought review from the Supreme Court of Justice, and the high court accepted the request. The Supreme Court will review the decision of the Fourth Administrative District court, which ruled for the zoo, finding that Ely was being kept in adequate conditions.

This is a writ of Amparo on behalf of Ely, a 38-year-old female African elephant that lived in a circus before being relocated to the San Juan de Arago Zoo in 2012. In this instance, a concerned citizen and activist affiliated with the Association "Opening Cages, Opening Minds" ("Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes") filed an Amparo petitioning the authorities in Mexico City to take necessary actions for the relocation of Ely from the zoo to a sanctuary in Brazil. The petitioner asserted that Ely had endured abuse from a young age during her 25-year tenure in a circus, and was currently experiencing deprivation of freedom at the zoo. Ely is solitary and grappling with skin and nail injuries, infections, and ailments such as dermatitis and hyperkeratosis. The petitioner further argued that Ely was suffering from issues in one of her limbs due to an old fracture and jaw problems stemming from the use of a handling hook during her circus days, among other concerns. Moreover, the elephant's confinement in a cement enclosure has compounded adverse effects on her physical and psychological well-being. Observations indicate distressing behavior including self-harm, such as eating her own feces, and striking herself with her trunk and against the fence. Ely also exhibited repetitive behavior attributed to inadequate mental, physical, social, and environmental stimulation. The treatment she has received is deemed a violation of ethical standards for animal respect and protection. The judge determined that Ely received appropriate and ample care at the zoo, where her enclosure adhered to the needs of her species. It was noted that she was receiving the necessary attention to address the chronic ailments stemming from her time in the circus. Consequently, the San Juan de Aragón Zoo fulfilled its obligation to protect and care for the elephant, addressing her physiological, behavioral, and health requirements and ensuring her overall well-being. Following the verdict, the zoo enlarged Ely's enclosure and introduced Gypsy, another elephant of similar size and age, to provide companionship for Ely. After pursuing various legal avenues without success, the complainant sought review from the Supreme Court of Justice, and the high court accepted the request. The Supreme Court will review the decision of the Fourth Administrative District court, which ruled for the zoo, finding that Ely was being kept in adequate conditions.

Resolución 063/2018 - Comisión Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Mexico

Summary: Resolution 063/2018 by the Human Rights Commission of Guerrero, Mexico addresses concerns raised by members of the civil association "Responsible Citizen" and a professor and students from the Master's in Law program at the Autonomous University of Guerrero against the Director of Zoochilpan Zoo. The complaint alleged violations to the state animal protection statute, the Rights of Nature (Recognized in the constitution since 2014), and the right to a healthy environment due to inadequate conditions for the animals. After an inspection, the commission noted various issues such as animals of diverse species living together, dirty water in a pond, and animals in small enclosures. The zoo also failed to meet the standards of the Association of zoos, breeders, and aquariums "AZCARM," leading to recommendations for improvement. Resulting from these inspections, the commission found that the animals were housed inadequately, violating the state anti-cruelty law. They also highlighted potential impacts on the human right to a healthy environment for visitors and zoo staff. The Commission's recommendations include advising the Secretary of the Environment to implement recommendations for the welfare of exhibited animals, suggesting ongoing training for zoo staff to ensure dignified treatment, and advising the Zoo Director to implement legal and administrative measures for the animals' well-being, including budget allocation for necessary infrastructure and optimal conditions.

Resolution 063/2018 by the Human Rights Commission of Guerrero, Mexico addresses concerns raised by members of the civil association "Responsible Citizen" and a professor and students from the Master's in Law program at the Autonomous University of Guerrero against the Director of Zoochilpan Zoo. The complaint alleged violations to the state animal protection statute, the Rights of Nature (Recognized in the constitution since 2014), and the right to a healthy environment due to inadequate conditions for the animals. After an inspection, the commission noted various issues such as animals of diverse species living together, dirty water in a pond, and animals in small enclosures. The zoo also failed to meet the standards of the Association of zoos, breeders, and aquariums "AZCARM," leading to recommendations for improvement. Resulting from these inspections, the commission found that the animals were housed inadequately, violating the state anti-cruelty law. They also highlighted potential impacts on the human right to a healthy environment for visitors and zoo staff. The Commission's recommendations include advising the Secretary of the Environment to implement recommendations for the welfare of exhibited animals, suggesting ongoing training for zoo staff to ensure dignified treatment, and advising the Zoo Director to implement legal and administrative measures for the animals' well-being, including budget allocation for necessary infrastructure and optimal conditions.

Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro

Summary: This law seeks to guarantee dignified and respectful treatment for all animal species. As stated in Article 1, its primary objectives include: 1) the regulation of the possession, procreation, development, use, transportation, and slaughter of species, populations, and animal specimens in the state; 2) to implement compliance with the state's environmental policy regarding wildlife and biotic resources; and 3) to promote a culture of protection and respect for nature.

This law seeks to guarantee dignified and respectful treatment for all animal species. As stated in Article 1, its primary objectives include: 1) the regulation of the possession, procreation, development, use, transportation, and slaughter of species, populations, and animal specimens in the state; 2) to implement compliance with the state's environmental policy regarding wildlife and biotic resources; and 3) to promote a culture of protection and respect for nature.