Este caso trata de la tenencia de mascotas y de los derechos constitucionales de las personas en los espacios de alquiler vacacional. La opinión mayoritaria razonó que el espacio de alquiler estaba autorizado a prohibir los animales de compañía, ya que lo hacía como expresión de la voluntad compartida de los cohabitantes, y por tanto, no violaba los derechos del demandante, ya que éste entró voluntariamente en la propiedad. El tribunal señaló que los animales de servicio son animales de trabajo, y no simples "mascotas", cuya presencia es necesaria para que sus propietarios disfruten de la plena accesibilidad del inmueble en cuestión, y no pueden ser prohibidos. Las opiniones discrepantes trataron los temas de los animales como propiedad, las libertades constitucionales y el bienestar de los animales, y argumentaron que la demanda del demandante debía ser fundada.